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Capitulo 1: CAP Destruyo la Economía Productiva
El presidente social demócrata de Venezuela Carlos Andrés Pérez prometió que resolvería el problema de la deuda externa renegociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el paquete económico que estaba imponiendo en contra de la voluntad de la mayoría de los venezolanos. Sin embargo, la cuestión fue una farsa demagógica. La renegociación de la deuda no proporciono, como CAP lo describió el 20 de marzo de 1990, ningún “gran alivio” del peso de la deuda. Todo lo contrario, incremento la carga y hundió a la mayoría de los venezolanos en el desempleo y la miseria, destruyendo la economía, generando desempleo masivo y dándole las riendas de la economía a la usura, el tráfico de drogas y la especulación.
El servicio de la deuda -es decir, los pagos de interés por encima de la amortización- ha significado que durante la administración de CAP, un tercio del presupuesto del gobierno central ha sido asignado para honrar esta usura. Uno de cada tres bolívares gastados por el gobierno nacional va hacia los acreedores. No es de sorprender pues que todos los servicios públicos sean deficientes, empezando por el agua, salud pública, transporte, etc.
Esa es la causa del déficit crónico en el sector público. Mientras que la ilegitima deuda es pagada a tiempo, el gobierno sigue desviando los fondos necesarios para los servicios públicos hacia las arcas de los usureros acreedores.
CAP también hundió la moneda nacional bajo el pretexto de “libertad económica”, y promovió una campaña contra controles cambiarios mostrándolos como el equivalente a “corrupción”. ¡Que hipocresía! El primer crimen que CAP cometió contra el estado durante su segunda administración fue saquear los últimos dólares al tipo de cambio preferencial, para especulación y para usar en una cuenta de “partida secreta”. La verdad es que un tipo de cambio no regulado, permitiendo devaluaciones sistemáticas de la moneda, sirvió como un mecanismo expedito de saqueo. En consecuencia, el valor de nuestra deuda externa en bolívares se incrementó en 600%.
Por supuesto, eso tampoco ayudo a las exportaciones venezolanas, tal como CAP había afirmado. Eso fue otro fraude perpetrado por CAP contra los ciudadanos, quien prometió que el libre intercambio, aperturas comerciales y la eliminación de controles a la inversión extranjera ayudaría a promover las exportaciones no petroleras. Ocurrió lo opuesto: los productos domésticos que los venezolanos ya no podían comprar, fueron simplemente subastados en el extranjero, gracias a la devaluación. Pero ni esto incremento las exportaciones.
La política financiera de altas tasas de interés, promovida por el ex director del Banco Central (BCV) Pedro Tinoco, fue el otro mecanismo perverso usado para cumplir las propuestas de CAP y sus secuaces. Esto provoco desinversión en la agricultura y el sector industrial, al punto de que, por primera vez en 80 años, la capacidad productiva instalada de Venezuela (la totalidad del capital fijo) disminuyo. Esto provoco un alto desempleo en las áreas mas criticas de cualquier país, tales como la producción de bienes tangibles, manufactura, así como productos agrícolas.
El resultado neto fue una deformación de la estructura social venezolana, concentrando el ingreso en un porcentaje reducido de familias, mientras que el 80% de las personas fueron llevadas a la pobreza, la mitad de ellos bien por debajo de la línea de pobreza.
El empleo productivo fue dramáticamente reducido, al grado de que durante los años de la segunda administración de CAP (1989 – 1993), un 40% de los trabajadores eran empleados en el llamado “sector informal”. Al perder sus trabajos, los desempleados han buscado un medio para ganarse la vida; mas notoriamente, en el negocio de la buhonería vendiendo lo que pueden a quien aún pueda tener cierto poder de compra.
Pero lo más dramático ha sido el incremento de trafico de drogas, el aumento de pandillas de niños, y la disolución social que el paquete económico ha causado. Los billones de bolívares circulando a través del sistema financiero venezolano -el único sector que ha crecido enormemente- en medio de un colapso de la producción nacional, no puede tener otro origen más que el narcotráfico.
La deuda publica
De acuerdo al ministro de finanzas Pedro Rosas, la deuda publica externa desde 1992 es 27.1 millones de dólares, calculada a un tipo de cambio de 80 bolívares por dólar, o 2.172 millones de bolívares. La deuda publica interna es alrededor de 286 billones de bolívares. Es decir, después de la famosa renegociación de la deuda por Pedro Tinoco y Miguel Rodríguez con el Chase Manhattan Bank (que Tinoco ha representado oficialmente en Venezuela), CAP incremento la deuda externa a 2 billones de dólares. Esto, después que el gobierno venezolano dispusiera de los activos más valiosos del estado, como la compañía telefónica estatal CANTV y otros, con el fin de pagar los intereses de la deuda.
Pero aparte de la deuda pública externa, esta la deuda privada externa que, según el Banco Mundial, ronda los 7.3 billones de dólares. Es decir, la deuda total externa que la economía de Venezuela debe es de 34.4 billones de dólares.
Dado que la economía venezolana se valora en su moneda nacional, y que le Ministerio de Finanzas registra la contabilidad nacional en bolívares, podemos reportar que la deuda publica total es de 2.458 trillones de bolívares. Esto representa 70% del producto nacional total de 1992. En relación a la deuda externa en 1989, representa un incremento del 600%.
En la actualidad se estima que mientras la deuda pública interna ronda los 286 billones de bolívares, durante el primer año de la administración CAP era de 98.021 billones de bolívares; es decir, se incremento un 192%. Sin embargo, esto no incluye bonos de cupón cero emitidos por el BCV, que el Ministerio de Finanzas no toma en cuenta como parte de la deuda publica interna, a pesar de que en instancias finales dependen de la capacidad de pago del estado venezolano. En total, la deuda publica durante la administración de CAP se ha incrementado un 500%
Desempleo y marginalidad
Sin embargo, durante los últimos 10 años, el mundo ha considerado a Venezuela un “país de clase media”, implicando que la mayoría de la población supuestamente disfrutaba un ingreso que le permitía satisfacer sus necesidades fácilmente. A pesar de que esa caracterización fue siempre una generalización engañosa, en comparación con la situación actual, hay nostalgia por días mejores. El hecho es que desde 1989 en adelante, el modelo económico de CAP destruyo a la clase media, concentro el ingreso en las manos del 8% de la población, y hundió al 80% de los venezolanos en la pobreza, la mitad con un ingreso menor a 40.000 bolívares mensuales por familia, y la otra mitad con ingreso menor a 10.000 bolívares por mes.
De acuerdo con un reporte del Centro de Estudios para el Crecimiento y Desarrollo publicado en 1990, la clase media abarca un 12% de la población, 36.3% de los venezolanos subsisten en pobreza relativa, y un 44% se encuentran en pobreza crítica. La clase mas elevada de la población abarca solamente un 1.1% de la población, y la clase media alta apenas un 6.6%
Esta estructura de ingresos concuerda con la de el empleo. Solo un 50% de la población en edad laboral tienen un trabajo relativamente estable en el sector “formal” de la economía. 10% de la población en edad laboral esta desempleada, y un 40% esta empleada en la “economía informal”, cuya situación es imposible conocer estadísticamente.
La “economía de mercado” impuesta por CAP y su camarilla financiera solo beneficia al 7.7% de la población. Esta es la nueva clase social que se ha establecido a través de ganancias derivadas de actividades especulativas y parasitarias en el mercado financiero, al igual que de otros servicios menos transparentes.
Desbalance comercial
En 1992, el paquete del FMI colapso completamente, incluso en sus famosos “índices macroeconómicos”. Por primera vez en muchos años, Venezuela tuvo que tomar dólares de sus reservas para pagar las importaciones y el servicio de la deuda. Las importaciones, en su mayoría bienes de consumo de lujo, fueron unos 12.4 billones de dólares, según el BCV. Además, los pagos del servicio de la deuda, combinados con otros servicios que el país pago en el extranjero, sumaron 4.9 billones de dólares. Con el fin de pagar esto, el país solo tenía el ingreso proveniente del petróleo y otras exportaciones, equivalente a unos 14 billones de dólares.
Al mismo tiempo, el BCV registra una fuga no explicada de 415 millones de dólares, una evasión que no pudieron esconder bajo ninguna otra categoría.
En resumen, todo esto dejo un déficit de 3.7 billones de dólares, por los cuales el gobierno ni siquiera obtuvo los 2.67 billones prestados del FMI y los Rockefeller. Por tanto, no tuvieron opción mas que tomarlos de las reservas.
Como señalamos, las devaluaciones no han ayudado a incrementar las exportaciones no petroleras del sector privado. Tampoco han ayudado a reducir las importaciones, debido a que aquellos que importan son los pocos que tienen altos ingresos y acceso a dólares, independientemente del tipo de cambio. El único efecto de las devaluaciones es incrementar los precios internos y por ende reducir el consumo nacional, al mismo tiempo que abaratan nuestros productos en el extranjero, para hacerlos más competitivos.
La realidad es que el sector privado no ha incrementado significativamente sus exportaciones, debido a que no ha habido inversiones en fabricas productivas.
La industria básica contribuye aproximadamente en 2/3 de todas las exportaciones no petroleras del país. En 1991, las exportaciones de aluminio, hierro y químicos representaron el 64% de exportaciones no petroleras. En 1992, ese porcentaje se redujo a 62%, principalmente por el drástico declive del 26.4% en exportaciones de aluminio ese año. Las ventas de aluminio y hierro en 1991 constituyeron 52% del total, y en 1992 la cifra bajo a 48%.
Las exportaciones de otros sectores, la mayoría de los cuales son privados, también han caído sistemáticamente, y no han incrementado su participación más allá de 1/3 del total. Esto explica el interés de CAP y los acreedores en privatizar las industrias básicas del estado, a pesar del hecho de que financieramente son inviables.
La narcoeconomía
El monstruo de la narcoeconomía ha crecido todo poderoso, con la destrucción de la planta productiva de la nación y la ruina de familias por desempleo. A través de la bolsa de valores y concentración del poder bancario, el comercio de estupefacientes comenzó a apoderarse del sistema financiero venezolano, convirtiendo al país en el principal centro de lavado de dinero de Iberoamérica, atestiguado por el más reciente reporte de la Comisión de Naciones Unidas sobre Drogas Estupefacientes. Pero no es solamente el lavado de dinero producto del narcotráfico; El territorio venezolano ha sido transformado en una ruta de trasbordo de droga hacia Estados Unidos y Europa. Se ha convertido también en una fuente de narco-trabajos, y los narcotraficantes y narco-lavadores han comenzado a proyectarse como un modelo a seguir a través de los medios de comunicación.
El 15 de febrero de 1993 con el titular “Venezuela es el Mayor Centro de Lavado de Dinero en América Latina”, el diario El Nacional mostraba su reseña del reporte sobre Estupefacientes de la Comisión de la ONU, que fue presentado ese día en Viena. Según el reporte, una agencia antidrogas estadounidense, la Administración para el Control de Drogas (DEA), estima que en 1992 unas 200 toneladas de cocaína con destino a los Estados Unidos, Canadá y Europa pasaron a través de Venezuela, de las cuales solo 7 fueron incautadas en los primeros meses del año. Se estima que billones de dólares son lavados anualmente. En todo 1991, solo 9 toneladas de droga fueron incautadas. En opinión de la comisión, debido a la ofensiva antidrogas en Colombia, Venezuela se ha vuelto un centro clave para la distribución de estupefacientes producidos en los países andinos.
Berenice Gómez, una reportera de El Nacional, consulto a varios expertos antidrogas de la Policía Técnica Judicial, la Guardia Nacional y la DISIP (policía secreta del Ministerio del Interior) en relación al reporte de la comisión de la ONU, y la opinión unánime fue que “Venezuela es un paraíso fiscal” para el narcolavado de dinero. “Las facilidades fiscales que el país ofrece para grandes depósitos de capital son comparables a aquellas que existen en las Islas Caimán y las Bahamas”, afirmo El Nacional el día 16 de febrero. Un ejemplo de esto, según los asesores, es la ausencia de notificación o reporte obligatorio de depósitos sospechosos por parte del sistema bancario a las autoridades antidroga. No hay cantidad más allá de la cual uno deba justificar los orígenes del depósito; A parte de esto, uno tendría que agregar el secreto bancario, lo cual hace cualquier investigación financiera imposible.
Los expertos señalaron que desde 1987, la construcción de centros turísticos lujosos se ha incrementado en Venezuela, mientras que el costo de vida ha aumentado de manera exagerada, alcanzando niveles millonarios. Los investigadores afirmaron que realmente no existe una voluntad política o financiera para confrontar el problema, y sugirieron hacer investigar los libros contables de aquellos negocios que realicen grandes transacciones financieras, para determinar la procedencia de las transacciones, puesto que “la simple revisión de los impuestos a la renta probaría la existencia de testaferros”
También hicieron referencia a las estadísticas del ministerio de finanzas respecto a la invasión de automóviles de lujo importados en medio de una economía deprimida, e indicaron que bajo el Decreto 727, la administración Pérez elimino los controles sobre el capital extranjero, que ahora puede abandonar el país sin pagar impuestos a o dar explicaciones.
De acuerdo con el diario Ultimas Noticias del 2 abril, el general retirado Aner García Monagas, presidente de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilegal de las Drogas (CONACUID), admitió en el encuentro de Viena que el narcotráfico internacional ha penetrado las instituciones básicas del país. García Monagas afirmo que “Venezuela es usado como un país de tránsito de droga”, pero rechazo los reportes que mostraban a Venezuela como un gran centro de lavado de “verdes”.
De acuerdo a la prensa de Caracas del 16 de abril, la presión internacional alcanzo tal punto que, en la reunión del gabinete económico del 12 de abril, se acordó instruir al Canciller Fernando Ochoa Antich convocar a una reunión con el ministro de finanzas, el presidente del BCV y la Asociación Bancaria, a fin de determinar la verdadera magnitud del lavado de dinero. El mismo día, la prensa tomo declaraciones del diputado Gabriel Niño, vice presidente de la Comisión Antidrogas de la Cámara de Diputados quien, después de reunirse con CAP, confirmo que el lavado de capitales en el país equivalía a mas de 4 billones de dólares al mes, cifra que consideró el gobierno como exagerada. Niño agrego que “hay individuos que han entrado al país ofreciendo a compañías, e inclusos a instituciones religiosas, contratos valorados en millones de dólares, y nadie sabe que esta sucediendo” excepto que no es proscrito.
El Comisionado Guillermo Jiménez, jefe de la División contra el Crimen Organizado de la Policía Técnica Judicial, sugirió que hay mucho mas que los 4 billones de dólares producto del narco lavado de dinero vigente, puesto que “nuestro sistema financiero es usado por los narcotraficantes o por aquellas personas involucradas en el lavado de dinero, que puede afirmarse propiamente es dinero de la corrupción administrativa.”
Mas usura y más abertura
Y como si todo eso no fuera suficiente, el 11 de marzo, el BCV decidio hacer el régimen para determinar las tasas de interés “más flexible”, implicando que desde esa fecha en adelante, las tasas serian determinadas por el retorno sobre los bonos cupón cero, que por esos días tenían un rendimiento del 50.9%. De acuerdo a la decisión del BCV, la tasa activa no puede exceder 20% por encima del retorno sobre los bonos cupón cero, que pone las tasas de interés al 70%.
El 23 de marzo, en la 24ava asamblea del Consejo Episcopal Latinoamericano, el obispo de Cabimas Mons. Roberto Luckert declaro que “la usura es un pecado, y el gobierno lo ha legalizado al autorizar a los bancos gravar un 70% de interés.”
El 17 de marzo, los 8 miembros extranjeros del Comité Asesor para Inversiones Extranjeras de Venezuela, dirigido por Henry Kissinger, dieron una conferencia de prensa sobre las conclusiones que habían sido alcanzadas durante una reunión con CAP y sus ministros de planificación, finanzas y fomento. Según uno de ellos, Le Floch-Prigent, el comité propuso que CAP impusiera en Venezuela la participación directa del sector bancario en la asignación de créditos, reducción de riesgo y hacer las tasas de interés flexibles. James Robinson, ex presidente de American Express y otro miembro del comité, expreso una opinión similar, afirmando que cambios acelerados en las leyes financieras del país y una reforma de la Ley General de Bancos eran de suma prioridad.
El 18 de marzo, El Nacional reseño que el ministro de finanzas Pedro Rosas había anunciado que su despacho y el Congreso Nacional acordaron reformar la Ley General de Bancos, en vez de introducir la nueva ley que había sido elaborada por el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Enrique Oberto. La reforma les permitiría a los bancos extranjeros participar con el 100% de su capital, sin ninguna clase de limitaciones.
Rosas también anuncio que en el siguiente Consejo de Ministros una nueva ley sería presentada, la cual regularía operaciones de títulos y valores bajo las mismas condiciones que los bancos extranjeros.
Narcoreforma financiera
La información sobre la Comisión de Estupefacientes de la ONU no debería sorprender a nadie, puesto que era predecible que esto ocurriera durante el régimen de CAP. A finales de 1990, después de que le gobierno de CAP anunciara planes para instituir banca múltiple o “universal” y abrir el sistema financiero a la inversión extranjera, el secretario general del Partido Laboral de Venezuela (PLV) y presidente del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana (MSIA) Alejandro Peña Esclusa, advirtió que la “reforma financiera convertirá a Venezuela en una narco-economía.”
El entonces superintendente de Inversión Extranjera Edison Perozo también advirtió que le primer paso concreto hacia la puesta en marcha de una narco-economía fue tomado el 29 d enero de 1990 cuando el texto del Decreto 727 concerniente a la inversión extranjera apareció en la Gaceta Oficial (fechada el 26 d enero). Ese mismo día, la entonces Ministro de Finanzas Egleé Iturbe de Blanco informo a un selecto grupo del Consejo de las Americas, dirigido por David Rockefeller y Gustavo Cisneros, respecto al alcance del Decreto 727. Con las modificaciones que entrañaba, explicó, “el capital extranjero será capaz de operar sin autorizaciones especiales en casi cualquier nicho de mercado que se considere conveniente” (énfasis agregado).
El nuevo decreto elimino restricciones a los retornos de ganancia en reinversión, y a la reexportación de capital. Cualesquiera fueran las limitaciones impuestas en relación al Pacto de Cartagena (Pacto Andino), fueron puestas de lado, y sentó las bases para el financiamiento de tecnología y el pago de regalías a la casa matriz y las filiales sin la necesidad de autorización previa. Es decir, ya que no había limites en retornos de ganancia, los pagos para tecnología entre las casas matrices, sucursales y filiales eran ahora permitidos.
El decreto 727 elimino también los derechos exclusivos de las compañías nacionales de invertir en servicios públicos, incluyendo electricidad, teléfono y telecomunicaciones, agua potable y servicios sanitarios en general, transporte domestico de personal y mercancía, publicidad y servicios de asesoría.
También eliminada fue la restricción al comercio interno de bienes, servicios de exportación, y el transporte de inventarios y documentos.
El mercado coca-dólar
Con la apertura al capital extranjero, los muy esperados billones de dólares para inversión de la planta productiva en industria y agricultura nunca llegaron. Lo que llego, como había sido advertido, fue capital especulativo en búsqueda de ganancias rápidas a través del recientemente creado “mercado de capital” en la Bolsa de Valores de Caracas.
La cualidad del Decreto 727 que ha sido mas explotada por los narcolavadores de dinero durante los últimos 3 años ha sido la eliminación del requisito de autorización de compra extranjera de acciones de compañías nacionales o mixtas. Y los medios por los cuales el narco-capital ha entrado y salido libremente ha sido el mercado de valores, bajo el ímpetu de Pedro Tinoco del BCV.
La política monetaria y financiera de Tinoco estuvo centrada en la emisión de “bonos cupón cero”, que comenzaron a ser vendidos en el mercado de valores. Estos instrumentos le permitieron a los bancos -que con sus altas tasas de interés habían aumentado los depósitos, pero eran incapaces de colocarlos como prestamos- tener algo en lo cual invertir esos depósitos. Con los bonos cupón cero, el BCV ayudo a crear el “índice bursátil”, que permitió transacciones mensuales valoradas en billones de bolívares, sin tener absolutamente nada que ver con producción.
Posteriormente, la bolsa de valores comenzó a vender y comprar acciones de empresas, cuyos precios comenzaron a subir sin ninguna conexión con el desempeño económico de tales compañías. La compra y venta de acciones, cupones, etc. Solo sirvió para facilitar la circulación de enormes cantidades de dinero. Vastas cantidades de capital foráneo entraban tan fácilmente como salían. De la bolsa de valores, algunas de estas ya lavadas ganancias van a pasar a ser invertidas en lujosos edificios de oficinas actualmente vacíos, tal como puede verse en las zonas de Chacao y El Rosal, donde se planea establecer el centro financiero de Venezuela.
Estos avances no eran desconocidos para CAP y su gabinete, y Peña Esclusa no fue el único en dar advertencias. Poco antes de renunciar a su cargo de Superintendente de Inversiones Extranjeras (SIEX), Edison Perozo dio una conferencia de prensa el 21 de febrero de 1990, en el cual distribuyo un panfleto titulado “Venezuela, Abierta a la Inversión”, en donde advirtió en términos claros y bien fundamentados que el Decreto 727 prepararía el camino para la “implosión de una narco-economía”.
El panfleto de Perozo explicaba que “la apertura sin restricciones a la inversión extranjera pudiera permitir la infiltración e imposición de los mas notorios mecanismos de lavado de dinero, mucho mas en el caso de Venezuela donde existe libre circulación de capital, como excepción del Pacto Andino”.
Perozo dio varios ejemplos proféticos de las técnicas que el narcotráfico pudiera usar: “Ya que el Decreto 727 permite el establecimiento de filiales de compañías extranjeras, una de estas compañías que pertenezca al narcotráfico internacional pudiera registrarse fácilmente, y una vez que el capital de la filial es traído al país, pudiera distribuir y remitir las ganancias totales a la casa matriz, dado que la remisión de dividendos esta permitida.” De forma similar, “otro ejemplo pudiera ser la inversión directa del narcotráfico en laguna actividad económica y la posibilidad de reinvertir las ganancias, es decir, capitalizando el superávit. La compra de acciones en bolsas de valores, o el pago de regalías entre compañías no relacionadas, esta de igual forma autorizado. Los ejemplos abundan, tan ilimitados como la imaginación y las operaciones de la red de narcotráfico que ha puesto sus ojos en Venezuela.”
El funcionamiento preciso de la narco-economía fue revelado por el presunto narcotraficante Adolfo Ramírez Torres, un ex gobernador del Distrito Federal, cuando testifico ante la Policía Técnica Judicial que Julio Ramírez, narcotraficante del Cartel de Cali, le hablo de la existencia de una “amplia red de empresarios protegidos por políticos venezolanos, quienes “están comprando compañías experimentadas en exportación de productos de asfalto, alimentos enlatados, mueblería, cueros y prefabricados, todo esto utilizado como una fachada para transportar grandes cantidades de droga.” Ramírez Torres afirmo que le había dicho al general Ramón Guillén Dávila (ex comandante del grupo anti drogas de la Guardia Nacional) sobre un gran cargamento de droga. “Quizás Guillén Dávila no me creyó”, dijo Ramírez Torres a El Diario de Caracas. “Un día después de mi arresto [El 14 de agosto de 1991], la red pensó en enviar unos 20.000 kilos de cocaína. Imagínate. Eso es un billón de bolívares. La droga ya estaba aquí en Venezuela. Pero me arrestaron y me desarmaron… [ellos dicen] que se sienten más seguros porque estoy preso. Con el dinero de esa operación, estaban planificando participar activamente en el proceso de privatización” (énfasis agregado).
A finales de 1991, los Estados Unidos capturo una cantidad similar de droga, que había sido enviada desde Venezuela en el barco danés Continente Mercadia. La cocaína fue empaquetada en bloques de concreto por la compañía Tranca. Se supo después que esta compañía estaba ligada a varias firmas de importación y exportación; las firmas exportadoras enviaban la droga, y las firmas importadoras enviaban los pagos en forma de electrodomésticos importados. En ese único año, el monto de sus importaciones fue de 700 millones de dólares, 1/13 de las importaciones de ese año por un solo consorcio.
El mismo barco danés ya había transportado una cantidad de cocaína empaquetada en contenedores de pega industrial, en un cargamento enviado a la compañía Celere Inc. Celere es propiedad de Lázaro Rogelio Ugarte Bresslau, quien es parte del equipo de seguridad personal de CAP y también del Banco Latino. De acuerdo al diario El Globo, Celere en realidad pertenece a la Organización Diego Cisneros (ODC), para la cual Ugarte trabajo. Un vocero de la ODC desmintió el reporte y se rehusó a responder preguntas adicionales.
Tres aces
Casi un año antes, el 22 de octubre de 1990, El Diario de Caracas reporto que el Banco Latino (del entonces presidente del BCV Pedro Tinoco), la sucursal de Miami del Chase Manhattan Bank, y oficiales del BCV estaban involucrados en un esquema de fraude nacional utilizando “bonos de exportación” otorgados a compañías fantasmas que estaban efectuando típicas operaciones de lavado de dólares. El 24 de octubre, el mismo periódico dijo que “en cada operación realizada por Importaciones Pique… hicieron unos 380 millones de dólares… Detrás de estos movimientos esta una gigantesca operación de narcolavado de dinero. … De acuerdo a fuentes ligadas a la investigación, los representantes legales de Pique, Humberto Torres Pedrique y Pedro Torres Pedrique, eran los testaferros de un poderoso grupo financiero que estaba detrás de estas operaciones internacionales, en donde las filiales del Banco Latino en Curazao y Miami fueron usadas como plataforma financiera, un puente para transferencias con filiales del Chase Manhattan Bank. Se ha establecido también que aquellos que cometieron el fraude tenían nexos con el Banco Central de Venezuela, desde donde los pagos se decidían en favor de Pique.
El periódico agrego, de acuerdo a la fuente, “se confirmó que Importaciones Pique obtuvo una carta de crédito del Banco Latino para encubrir sus maniobras de exportación. …Semejantes operaciones solo pueden ser realizadas con el conocimiento pleno de la institución bancaria.”
El método de operación de Pique era simple. De acuerdo al periódico, Importaciones Pique recolecto parte de la suma de 400 millones de bolívares correspondientes a los “bonos de exportación” para una supuesta exportación de hojillas de afeitar a España que nunca se concretó, pero “que fueron pagados en dólares mediante transferencias realizadas por la sucursal del Banco Latino en Miami al Banco Latino en Venezuela, a la cuenta de Importaciones Pique en Caracas. Una vez que se realizaba el depósito al banco, era registrado como operación cambiaria, iba al mercado de divisas y, finalmente, era transferido a la sucursal del Banco Latino en Curazao. De acuerdo a las investigaciones, era entonces cuando se transfería -una vez más- a la sucursal de Miami del mismo banco, mediante un puente proveído por el Chase Manhattan en Miami.”
El caso de Importaciones Pique no fue la única instancia descubierta de lavado de dinero mediante “bonos de exportación”. En declaraciones ofrecidas a El Diario de Caracas el 13 de octubre de 1990, el entonces ministro de finanzas Roberto Pocaterra confirmo que las compañías “Urraca Trading” y Fundición Venezolana de Metales Pesados, S.A (Fuvemepe), ambos propiedad de Milton Pirela, fueron investigados por fraude con “bonos de exportación”, y también porque 2 individuos vinculados a esas compañías eran sospechosos de estar involucrados en narcotráfico. Ambas compañías “exportaban” a los Estados Unidos, pero los pagos en las facturas eran enviados a Perú y Colombia.
El 727 alcanza a Los Andes
Cuando el Decreto 727 fue emitido, Venezuela fue convertida también en una vasta facilitadora para la entrada y salida de narcodólares en el Pacto Andino, específicamente Bolivia, Colombia y Perú, y en menor grado el resto de la región. Poco después, el presidente George W. Bush, encargo a CAP la misión de forjar un tratado de libre comercio con toda la región, a través del cual privilegios de intercambio e inversión fueron generalizados en la región entera, con ciertos titubeos por parte de Ecuador y Peru.
Pero incluso antes de llegar a un preciso acuerdo, bancos venezolanos comenzaron a enlazarse tanto a nivel domestico como extranjero. Aparte de la red que el Grupo Financiero Latino ensamblo para todo el sector occidental del país, también se unió al Banco de Antioquia, con sede en Medellín, Colombia, abriendo su propia sucursal del Banco Latino en esa ciudad.
Los nexos bancarios fueron iniciados por el Banco Construcción de la familia Di Masse, que estuvo ligada por muchos años a los círculos cercanos alrededor de CAP, aunque el periódico El Nacional constantemente insinúa que fue Orlando Castro, de Latinoamericana de Seguros, quien invento esta “narco-integración.” Otros bancos también se unieron, a fin de no quedar excluidos.
El siguiente paso es unir las bolsas de valores venezolanas y colombianas, y el proceso de establecer conexiones electrónicas entre las 2 para agilizar transferencias de capital ya está en marcha.
La actitud de CAP ante este negro panorama puede resumirse en una declaración que habla por sí misma, especialmente considerando la velocidad con la cual propuso las leyes y las hizo promulgar, y emitió decretos como el 727. Mientras que las denuncias de narcolavado[W1] [W2] multimillonario de dólares en Venezuela traspasaban más allá de nuestras fronteras, CAP declaraba: “El problema con el lavado de dólares es que no tenemos ninguna legislación que lo haga un crimen. Esperamos que el Congreso apruebe una ley que presentamos algunos meses atrás… y cuando tengamos la ley, seremos capaces de lidiar con este serio problema.” (El Universal, 4 de marzo de 1993).